Las heridas del conflicto armado en Colombia continúan abiertas a pesar de que en 2016 el gobierno firmase un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC). Miles de personas critican las concesiones que se han hecho al grupo armado en este tortuoso proceso de paz. Entre ellas está Lorena Murcia, presidenta de la Corporación Rosa Blanca, que lucha para que se reconozcan como delitos de lesa humanidad las agresiones sexuales cometidas dentro del grupo armado.

Las violaciones a niñas y los abortos obligados eran prácticas habituales dentro de las FARC, pero esos delitos fueron calificados como ‘delitos de guerra’ en el tratado de paz y las víctimas no tienen ningún derecho ni reparación. La Corporación Rosa Blanca lucha para que se haga justicia y se condene a los 25 excomandantes, actualmente senadores del país, contra los que tienen pruebas.

Como reconocimiento a su trabajo por los derechos humanos, la Fundación Zaballos ha otorgado un premio internacional a la Corporación Rosa Blanca que ha sido recogido por Lorena Murcia en su primera visita a España, donde ha aprovechado para voz a las víctimas silenciadas.

 

Condenada a muerte

El de Lorena Murcia es solo uno de los más de 1.200 casos que la Corporación Rosa Blanca tiene registrados. A los 10 años fue sacada de su casa y reclutada por las FARC. Durante el tiempo que permaneció allí, fue violada por superiores e incluso tuvo que abortar en una ocasión. A los 17 años, mientras estaba en una misión, fue condenada a muerte en un juicio de guerra interno, pero el aviso de algunos compañeros le dio la oportunidad de entregarse al Ejército del país y salir con vida del conflicto.

Como todavía era menor de edad cuando volvió a la vida civil, ingresó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde solo pudo permanecer hasta los 18 años. Fue entonces acogida por la sociedad salesiana, donde recibió educación y ayuda psicológica y social.

Lorena Murcia, presidenta de Rosa Blanca, durante una entrevista televisada en Colombia.

Lorena Murcia, presidenta de Rosa Blanca, durante una entrevista televisada en Colombia. Rosa Blanca

Aunque parecía que podría volver a tener una vida normal, todo cambió en 2016 con el inicio del proceso de paz impulsado por el entonces presidente, Juan Manuel Santos. Murcia asegura que en un principio sí creyó en el proceso de paz, pero todo cambió con el secuestro de su hijo.

Fue a finales de 2016, el mismo día en el que se estrenó el documental Las mujeres de las FARC, en el que aparecía Murcia. «El documental había sido aprobado por las FARC porque aparecían las mujeres que estaban en el proceso de paz, pero también quisieron contar con mujeres que se habían desmovilizado anteriormente y me entrevistaron a mí. Me preguntaron si había narcotráfico en las FARC y yo dije que sí, y mucho», cuenta durante una conversación con EL ESPAÑOL.

Esas declaraciones por parte de la exguerrillera no sentaron bien en la organización y una comandante conocida como ‘La Lapa’ se enteró de que el hijo de cuatro años de Murcia estaba en Caquetá -una de las zonas de Colombia con más presencia por parte de las FARC-. «Alguien la informó y esa misma noche se lo llevaron. El documental lo presentaban a las seis de la tarde y a mi hijo lo secuestraron a las doce de la noche. Estuvo 25 días en cautiverio. Cuando le rescatamos estaba amarrado con una cadena en el cuello y las manos».

Víctimas sin derechos

La gota que colmó el vaso para dejar de creer en la paz fue que no se reconociese como víctimas a las mujeres que, al igual que ella, habían sido reclutadas de niñas y habían sufrido agresiones sexuales dentro de la guerrilla. «En Colombia la Ley 1448 -Ley de Víctimas- dice que ninguna persona que haya pertenecido a un grupo al margen de la ley puede ser declarada víctima».

Es más, los delitos sexuales cometidos ‘intrafilas’ -contra personas pertenecientes a las FARC- no fueron contemplados en el tratado de paz con la categoría de delito de lesa humanidad, lo que significa que «esta población no tiene ninguna garantía de justicia porque los tratan como si fueran delitos de rebelión, es decir, delitos de guerra».

Que los delitos sexuales ‘intrafilas’ tengan la acepción de delitos de guerra implica además que no pueden ser denunciados ante la justicia ordinaria sino que debe ser llevado a la Justicia Especial para la Paz (JEP), el organismo encargado de evaluar y juzgar este tipo delitos cometidos por las FARC.

La Corporación Rosa Blanca está preparando un informe que incluye los nombres de 25 excomandantes entre los que se encuentran algunos senadores como Pablo Catatumbo o Carlos Antonio Lozada (conocido como ‘El Tornillo’). En dicho informe detallan cuántos reclutamientos forzados, violaciones y abortos ordenaron cada uno de ellos. Con respecto a las pruebas, Murcia explica que las mujeres «son la prueba viviente».

Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo. Exguerrilleros de las FARC y ahora, senadores por el Partido FARC.

Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo. Exguerrilleros de las FARC y ahora, senadores por el Partido FARC. Efe

 

«Algunas tienen hijos de esos comandantes que están vivos y a los que están buscando en este momento para matarlos porque son las pruebas más que claras. Las pruebas también están en los vientres de las muchachas, destrozados y con discapacidades físicas producto de los abortos que tuvieron, de las violaciones que tuvieron», afirma.

Violaciones diarias y abortos

Luz Fary Palomar, miembro de Rosa Blanca, es una de las denunciantes que tiene un hijo, fruto de las violaciones. Fue agredida por Hernán Darío Velásquez, alias «El Paisa» -que además ha vuelto a las armas-, y tuvo dos abortos. La tercera vez, no pudo abortar. «Le hicieron toda clase de agresiones para provocarle el aborto, pero ella logró que naciera y se lo entregó a una familia. El niño nació con discapacidad, en estado vegetativo. El médico le ha dicho que en cualquier momento se muere», explica Murcia.

«Cuando le dijeron la condición de su hijo abandonó las FARC. Cuando intentaba huir le dispararon con metralladoras y le dieron en toda la pierna. Ahora la tiene totalmente desfigurada. ‘El Paisa’ la persigue por cielo y tierra para matarla. Además no tiene ninguna clase de protección y su hijo está agonizando. Los quieren matar porque son la prueba».

Hernán Darío Velasquez, alias 'El Paisa', volvió a las armas junto con otros líderes de las FARC como Iván Márquez.

Hernán Darío Velasquez, alias ‘El Paisa’, volvió a las armas junto con otros líderes de las FARC como Iván Márquez.

 

Otro caso es el de Vanesa García, que también fue víctima ‘El Paisa’. «Él la reclutó a los nueve años y la violaba todos los días. Tuvo cinco abortos, hijos de ‘El Paisa’. En el último aborto, cargó su bebé durante seis meses en un frasco».

Y es que en las FARC las que se quedaban embarazadas tenían dos opciones: abortar o ser fusiladas. Las más ‘afortunadas’ podían dar a luz a sus hijos y entregarlos a alguna familia, pero «eso solo ocurría con los hijos de algunos altos mandos como ‘El Tornillo’ o Catatumbo».

Las condiciones para abortar eran precarias y Murcia asegura que vio a más de una mujer morir en el proceso. Sin embargo, hay un caso que le afectó especialmente: «Este me va a tener marcada toda mi vida. A una muchacha que tendría entre 18 y 19 años le faltaba una semana para parir y la guardamos hasta el último momento, pero una muchacha se dio cuenta de que estaba embarazada y se lo dijo al comandante. La agarraron de manos y pies, la rajaron viva en su abdomen, le sacaron su hijo, se lo mataron y ella posteriormente murió desangrada».

 

Medidas insuficientes

Sin embargo, incluso aunque la JEP fallase a favor de la Corporación, Murcia considera que sería insuficiente. «La JEP impone medidas máximas de cinco años excarcelables. En caso de que los exguerrilleros reconozcan que sí violaron, algo que niegan a capa y espada, solo se haría una reparación simbólica con los victimarios -verdugos- y las víctimas».

Marchamos como convocantes del Referendo Colombia 2019 porque exigimos justicia para nuestros victimarios que nos reclutaron y nos violaron siendo niñas. Porque somos testigos que son narcotraficantes y deben ser extraditados. Deben pagar por todos los crímenes de lesa humanidad.

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«Los condenados podrían seguir en el Congreso normal, y aquí no ha pasado nada», algo que por ejemplo no pueden hacer exguerrilleros de las FARC que se desmovilizaron antes de que se iniciase el proceso de paz.

«Hay personas que pagaron más de 17 años de cárcel por ser guerrilleros rasos que obedecían órdenes de sus comandantes que están ahora en el Congreso. Esas personas todavía están en libertad condicional, no tienen los derechos políticos habilitados, no pueden tener un empleo… Pero los del Partido FARC son ciudadanos normales», denuncia.

 

Amenazas al denunciar

Mientras ellos están en el Congreso ejerciendo cargos públicos, las pocas que se atreven a denunciar están constantemente amenazadas. «A mí me han intentado matar más de cinco veces. Me han secuestrado a un hijo por denunciar y estar al frente de todo. Las víctimas están escondidas y los victimarios  en el Congreso en vez de ser al revés».

A algunas denunciantes, que ni siquiera han aparecido públicamente en medios de comunicación han tenido que huir de sus casas y no tienen protección del Estado. Sara Morales, una compañera de Rosa Blanca que, según cuenta Murcia, sufrió más de 25 violaciones por Pastor Alape (uno de los exguerrilleros más conocidos de las FARC) está desaparecida. «La llevamos buscando desde hace como cinco meses, no sabemos si está muerta o viva».

 

Objetivo: la Corte Penal Internacional

Pero en Rosa Blanca tienen la esperanza de que los excomandantes sean condenados y haya una reparación real a las víctimas. Su objetivo final es agotar todas las instancias en Colombia y acudir a la Corte Penal Internacional (CPI), ya que creen que la JEP no tomará ninguna medida contra los antiguos guerrilleros. «Sabemos que la JEP está tratando de encubrir a las FARC», asevera Murcia.

«Los están blindando por todos lados para que haya impunidad total y que las víctimas de abusos sexuales ‘intrafilas’ no tengan ninguna garantía ni justicia».

Su esperanza es que recurriendo a la CPI «por primera vez en la historia de Colombia no se falle a favor de los terroristas». «Si es verdad que en el mundo estamos solidarizándonos con las mujeres, la CPI tiene que fallar a nuestro favor, a favor de que por fin se restablezca un poco de la dignidad que se les robó cuando eran niñas».

«La CPI debe reconocer eso y darle voz a las víctimas como debe ser. Conseguir justicia. Una persona que sufre una agresión sexual lo mínimo que tiene es que su agresor esté en la cárcel. Cargar con la violación de un hombre o con más de 20 violaciones no es fácil», sentencia.