EL ESPAÑOL entrevista por primera vez a los familiares que han interpuesto la querella en el Tribunal Supremo. Son alrededor de 9.000 casos.

21 septiembre, 2020 02:34

Jesús Luis Lorenzo es de Las Rozas (Madrid) y tiene 49 años. Sus suegros vivían en el centro de la capital, en la zona de Cuatro Caminos. El día anterior a que falleciera el padre de su mujer, el 21 de marzo, él y su familia llamaron al 112 avisando de que no podía respirar. Tenía todos los síntomas. Decía que estaba totalmente desorientado.

“En el momento en que decías que tenía 82 años te decían que no iban a enviar a nadie porque estaban totalmente colapsados”, dice. El hombre terminó falleciendo en su casa sin que nadie le atendiera. Su yerno rememora el único consuelo que tuvo la familia en ese momento: compartir con él los últimos minutos antes de que falleciera. Estaban allí, en la casa, con guantes y mascarillas, pero junto a él.

Llamaron tres veces al hospital más cercano antes de que él falleciera. La respuesta fue siempre la misma. No acudieron a tratarle. Nadie les echó una mano. La cuarta vez que llamaron ya fue para comunicar la defunción.

La fiscalía del Tribunal Supremo pidió el lunes pasado a la Sala Segunda la inadmisión de 20 querellas promovidas contra el Gobierno por la gestión de la primera oleada de la pandemia de la Covid-19. El presidente Pedro Sánchez y los ministros de Sanidad, Salvador Illa, e Interior, Fernando Grande-Marlaska son los principales afectados por las mismas. En estos momentos se encuentran en fase de admisión o no a trámite por la Sala Penal.

Interpuestas por organizaciones sindicales y de consumidores, profesionales de la sanidad, abogados, colectivos de víctimas y partidos como Vox, les atribuyen delitos contra la seguridad de los trabajadores, homicidios imprudentes, lesiones imprudentes, prevaricación y omisión del deber de socorro.

Son más de 11 abogados los que respaldan la querella. Una de esas letradas se llama Emilia Zaballos, que la ejerce como acusación popular desde su fundación. Tan solo su despacho agrupa las denuncias de los familiares de 412 víctimas contra el Gobierno. “Nos han llegado a todos casi 9.000 denuncias en total, y estamos esperando darles entrada. Falta la documentación para que se personen“.

Ahora, por primera vez desde que se formalizó la querella, EL ESPAÑOL entrevista a numerosos familiares de esos centenares de afectados que buscan demostrar que los actos de determinados políticos tuvieron y tienen responsabilidades penales. Los entrevistados representan a los centenares de víctimas que respaldan este periplo judicial para que alguien asuma lo ocurrido. Sus historias, explican, son la constatación trágica de la gestión de las autoridades de la pandemia en España a lo largo de los últimos meses.

“Los abogados no hemos recibido notificación de ningún tipo del informe de la Fiscalía. No entendemos nada. Pedimos que se investigue y que todo quede bien claro. Solo les decimos a los familiares que estén tranquilos, que confiamos en la justicia y en el juez Marchena“, cuenta Zaballos a este periódico.

Las acciones penales contemplan hechos muy variados, como la falta de previsión de la pandemia, la celebración de manifestaciones sin medidas de seguridad cuando ya se conocían datos alarmantes provenientes de China e Italia, la presunta ignorancia de las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, la carencia de material de protección para el personal sanitario y las fuerzas de seguridad, el retraso y los errores en la compra de ese material, la situación de residencias de ancianos o la falta de medios adecuados para la detección del coronavirus.

Segundo golpe

La suegra de Jesús Luis, para no quedarse en casa, con 81 años, con el shock de haber perdido al hombre de su vida, se mudó con su hija y con Jesús Luis. Un día, apenas dos semanas después de ese duro golpe, la suegra se levantó y dijo: “Tengo como fatiga”.

Había nevado aquella mañana, la moral de toda la familia estaba por los suelos tras la pérdida del patriarca. Según pasaba el día su suegra iba encontrándose peor. Esa misma noche a eso de las tres de la mañana perdió el conocimiento. Seguía respirando. El 112 tardó una hora en llegar. En el momento en que le pusieron oxígeno y algo de ventolín recuperó la consciencia.

“No tenía ni tos seca ni fiebre, pero respiraba igual que él los días anteriores a morir. Como si te hicieran subir diez pisos con una viga al hombro”, explica el yerno. Se la llevaron al Ramón y Cajal. A la mañana siguiente les confirmaron que tenía coronavirus. Falleció pocas jornadas después. Era el segundo golpe en apenas unas semanas en el seno de la familia.

La Covid-19 se había extendido de manera irremediable por sus pulmones. “Mi suegro acudió al hospital 15 días antes de morirse. Le pasaron consulta al sintrón, le quitaron un quiste. Si tú sabes que hay algo que no conviene, que la gente vaya a los hospitales, ¿por qué seguían citando a las personas mayores al médico esas semanas previas? Seguían yendo a las consultas médicas.  Por eso nos hemos sumado a la querella“.

Fallecidos en residencias

Felicidad Morera tiene 55 años. Vive en Sant Cugat del Vallès, a las afueras de Barcelona. Su madre, que se llamaba como ella, llevaba tres años en la residencia de un pueblo vecino, STS Valldoreix. Falleció el 15 de abril, durante el pico del coronavirus el día antes de cumplir los 80. La última vez que se vieron fue un par de días antes del estado de alarma, a mediados del mes de marzo.

-Por entonces la veía bien. Empezamos a recibir mensajes de la residencia diciendo que había trabajadores infectados. Cuando empecé a contactar con ellos, 10 días antes de que mi madre muriese, no atendían las llamadas.

-¿Qué le dijeron?

-Que estaban sobrepasados, que lo puedo entender. El día 8 me dicen que no la ven bien. No se movía y tenía unas décimas de fiebre. No tenía ningún síntoma, pero le hicieron la prueba y dio positivo.

El diez de abril fue a la residencia. Dice que lo que vio no era su madre, sino un cadáver con ojeras. “Tenía unas ojeras negras, como de oso panda, oscuras, que le llegaban a la altura de la nariz”. La anciana estaba inquieta, no se dejaba tocar.

Felicidad acudió hasta allí pertrechada de todo tipo de protecciones para no contagiarse. “Llevaba toda la semana sin comer ni beber. Le detectaron un fallo renal prácticamente total. En la residencia no le pusieron nada. No le hicieron nada. La mandaron al hospital, pero cuando llegó allí la querían mandar de vuelta. El enfermero de la residencia les insistió para que la acogieran. Tenía el mismo derecho a ser atendido que el resto de los pacientes”.

Para Felicidad se trata de una negligencia gigantesca por parte de las instituciones. “Mi madre dio otros síntomas y no le hicieron las pruebas como a todo el mundo. Interponemos la querella contra el Gobierno porque pienso que da igual el color del partido que hubiese estado, pero creo que tenían que haber empezado antes. Tenían la información para actuar antes”.

La madre de Luis, María de la Paz, tenía 92 años, y padecía alzhéimer. Estaba internada en la residencia Punta Galea, en Las Rozas, desde hace dos años y medio. Explica que tanto él como su familia no recibieron información alguna desde la residencia. “Ahora soy consciente de que no tenía los medios y que se le denegaban. Tenía los síntomas, pero nunca le hicieron el test”.

El 25 de marzo les llamó la doctora de la residencia diciendo que su madre se había caído y que se quedaba más tranquila si la derivaban al Hospital Puerta del Hierro. “Ese día entró por urgencias y a las dos horas le dieron el informe de alta. No le hicieron la prueba del coronavirus y entró ya con una ventilación que yo supe ya, más tarde, que era del 94 por ciento. Ya se estaba ahogando”. La enviaron de vuelta a la residencia, igual que muchas otras personas de avanzada edad, y allí murió.

La enterraron días después de su muerte en el nicho 558 del cementerio de San Isidro. “A mi madre no se le dio ninguna asistencia en el hospital. Ninguna. Lo repito las veces que haga falta. Las declaraciones del presidente son una y otra vez vergonzosas. Él dice, ¿alguno lo habría hecho bien? ¡Pero vamos a ver! ¿El presidente no tiene responsabilidad sobre lo que ocurre? Usted no puede coger y decir este sí y este no. Es inhumano, todo lo que ha pasado es inhumano”.

“Prepárese para lo peor”

A Eusebio Fernández le ingresaron el día 14 de marzo en el hospital Quirón de Toledo. Tenía neumonia bilateral y 38,4 de fiebre, que le desapareció días después. Sin embargo, los enfermeros y los especialistas le decían, cuando estaba aislado, que su situación era grave. Él logró salir adelante. Su madre no lo consiguió.

A sus 57 años, trabaja como Policía Municipal en Madrid desde hace más de 30. Su madre había alcanzado los 82 pero estaba muy bien de salud.

La mujer vivía internada en una residencia en la localidad toledana de San Román de los Montes. “Hacía bastantes días que no nos dejaban entrar en la residencia. El 8-M las mujeres de la asociación del pueblo fueron a Madrid a la manifestación. Al día siguiente fueron a la residencia y organizaron una comida con los ancianos y representaron una obra de teatro. De 23 residentes fallecieron 7. Una de ellas, mi madre”.

Al principio, como tenía síntomas, no querían llevarla al hospital. Tuvo que suplicar una y otra vez hasta que le hicieron una prueba PCR. Dio negativo, pero los síntomas no desaparecieron. “Era un falso negativo. El día que llega al hospital, el 25 de marzo, la ingresan por la tarde. Me dijeron que estaba bien, y lo mismo al día siguiente, que respondía bien a todo, que estaba fenomenal”. El día 27 le llama una doctora -“una mujer muy desagradable”-, y le dijo:

-Su madre ha recaído, prepárese para lo peor.

-¿Pero no le van a poner respirador?, le respondió él.

No, estamos siguiendo el protocolo del ministerio de Sanidad.

Eusebio conocía gente de la administración sanitaria en Castilla-La Mancha. “Al día siguiente de fallecer mi madre uno de ellos me dijo que en ese momento había ocho respiradores libres en el hospital”.

Su madre nació en el parador de Oropesa de Toledo. Y allí, en la misma localidad, la despidieron. El responso del sacerdote en la calle fueron apenas unos minutos y una oración. “Esto es como un accidente de tráfico. No te lo esperas. No lo entiendes”.

“Se me caía el alma”

Alfonso Espinosa Rodríguez apoya la querella porque no hubo respuesta por parte de las instituciones. “Es una faena. No reaccionaron cuando tenían que reaccionar. Te molesta. Un mes antes ya podían haber hecho cosas, comprado material. Este país es de chiste y de delincuentes”.

Tiene 47 años, Alfonso. No se ha contagiado en todos estos meses. Ha logrado esquivar al virus. Su madre, en cambio, Manuela Rodríguez Muñoz, falleció a los 86 el pasado cinco de abril, en uno de los momentos más críticos de la pandemia. Vivían en la zona de Ventas, en Ciudad Lineal, uno de los lugares que han vuelto a ser confinados esta misma semana. Vivía sola en su casa con su marido.

La mujer se contagió a finales de marzo. En apenas una semana el virus devastó su sistema inmunológico y sus pulmones, y el resto de su cuerpo. La llevaron al Ramón y Cajal. “El médico nos llamaba cada día y nos decía que la cosa estaba mal. Mi madre ya iba en picado, de todas maneras. Esto se la cepilló en una semana“.

Pudo ir a despedirse de ella y no logró decirle nada. Se la encontró inconsciente, intubada y asistida con un respirador para el oxígeno. “Se me caía el alma a los pies”.

El cabreo que tiene Alfonso es monumental. “Si tú por tu negligencia matas a alguien en tu trabajo, sabes que hay una pena“.

Carlos Henrique Bruno Hernández es abogado. Tiene a nivel particular una demanda con el hospital Clínico de Salamanca por dejar morir solo a su padre en la habitación del centro sanitario. “Quiero pensar que pasó bien sus últimos momentos”. Tenía una enfermedad autoinmune, lo que le dejaba las defensas muy bajas. Falleció a los 75. Las semanas previas, al ver las noticias del virus por televisión, a mediados de marzo, decidió confinarse.

Vivía en Bejar, en la provincia de Salamanca, donde mantienen su residencia tanto él como el resto de su familia. A la una de la mañana del 5 de abril, ingresado en el hospital en Salamanca, se veía ya que estaba infectado por completo y que poco se podía hacer por él. “Le negaron su entrada en UCI y nos dijeron que alguien en su estado tenía posibilidades de supervivencia”.

La actuación del gobierno, dice Carlos, “fue nefasta, tardía, mi padre estaría vivo ahora seguramente. Permitiendo manifestaciones, partidos de fútbol. Esto se tiene que hacer para que se vea que mucha gente ha muerto por la actuacion de unos cuantos inútiles. Lo sabían desde semanas antes, veíamos Italia en la televisión y sospechábamos si alguien venía de alllí”.

El Español.Brais Cedeira. 21 Sept. 2020

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