Por ello, cuatro meses después, apremiamos al Ministerio Público para que emita su informe lo antes posible con el fin de que no se demore por más tiempo la decisión de los magistrados sobre si aceptan estudiar este asunto o por el contrario lo rechazan de pleno.

De admitirse a trámite finalmente este recurso donde acusamos al Gobierno de actuar de manera “negligente”, ocultar información y desoír las advertencias de organismo internacionales, el equipo de Pedro Sánchez tendría que afrontar un nuevo examen del Tribunal Constitucional, después de que éste no avalara la declaración de los dos estados de alarma para luchar contra la pandemia del coronavirus.

Los afectados por el coronavirus recibieron el pasado 2 de julio una diligencia de ordenación del Tribunal Constitucional en la que se informaba de que su recurso de amparo había sido recibido, por lo que se daba traslado del mismo a la Fiscalía de dicho órgano para que diera su opinión sobre la solicitud de la Fundación Zaballos de que se ordene al Tribunal Supremo a abrir una investigación al Gobierno. Desde entonces, el Ministerio Público no ha movido ficha, lo que está impidiendo que los magistrados puedan tener conocimiento del asunto y decidir si es necesario profundizar en él por su “trascendencia constitucional”.

El recurso afirma que el Alto Tribunal ha vulnerado los derechos de igualdad ante la ley y a la tutela judicial efectiva al archivar la veintena de querellas y la treintena de denuncias que interpusieron distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones de profesionales del ámbito de la Sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, y familiares de víctimas del coronavirus, entre ellas los solicitantes de amparo. En todas ellas se reprochó al Consejo de Ministros la tardanza con la que reaccionó al avance de la crisis sanitaria con la aprobación de medidas como el confinamiento o la provisión de material de protección para colectivos esenciales y para la población.

Sin embargo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, competente para investigar al Gobierno debido al aforamiento de sus miembros, dictó un auto el 28 de diciembre de 2020 por el que inadmitió todas estas acciones, al considerar que no se justificó debidamente la autoría de los delitos que se atribuían (homicidio y lesiones imprudentes, contra el derecho de los trabajadores, prevaricación o malversación de caudales públicos) tanto al jefe del Ejecutivo como a sus ministros.

Los magistrados, que sí abrieron la puerta a que juzgados ordinarios investigaran la falta de medios para sanitarios o policías, la contratación de material fallido, o la muerte de ancianos en residencias, afirmaron que no hay indicios suficientes que sostengan y acrediten la comisión de hechos delictivos por parte del Gobierno, ya que se tendría que demostrar que “si no se hubiera ocultado información o se hubiera anticipado la decisión política del confinamiento, se habrían impedido los daños”.

La Sala alcanzó esta conclusión después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se posicionara en contra de todas estas querellas y demandas al no ver tampoco indicios de delito en la gestión que hizo el Gobierno de la crisis sanitaria del coronavirus. En su informe apuntó que alguna de estas acciones penales se basaban en “elucubraciones”, y que se atribuyó una responsabilidad al Ejecutivo “a todas luces, difusa y genérica”, en atención al cargo que ocupaba cada uno de los integrantes del Consejo de Ministros en el momento de desatarse la pandemia. Unos argumentos que previsiblemente serán esgrimidos de nuevo por la Fiscalía del Tribunal Constitucional para oponerse a la admisión del recurso de amparo de nuestra Fundación, el cual presentamos en nombre de más de 600 afectados.

Indefensión de las víctimas ante la mala gestión de la pandemia

Las víctimas de la pandemia no comparten esta tesis del Ministerio Fiscal, acogida posteriormente por el Supremo. En el recurso aseguramos que el sobreseimiento de todas estas querellas y demandas les ha generado una “indefensión”, pues no se ha podido desplegar la “más mínima actividad probatoria” para que el Gobierno depure “responsabilidades penales”. Además, acusamos al Supremo de vulnerar sus derechos fundamentales al “desviar la atención” para no justificar por qué los actos de Pedro Sánchez y sus ministros durante los meses más complicados de la pandemia no encajan en ningún tipo delictivo.

Por todo ello, solicitamos al Tribunal Constitucional que admita a trámite su recurso por la “especial trascendencia constitucional” que tiene la cuestión, ya que se plantea “una faceta o problema de un derecho fundamental” sobre el que no hay doctrina constitucional. En este sentido, interesa que se inste a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a practicar, aunque sea lo más mínimo, diligencias de pruebas para “impedir la percepción de impunidad de estos hechos vistos con suma decepción por el conjunto de la ciudadanía”.