El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha acordado abrir diligencias sobre la actuación del director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, para investigar si existieron «indicios de la comisión de ilícito penal alguno» en la gestión de la pandemia de la Covid-19.

En un auto fechado a 14 de septiembre, el titular del Juzgado, Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre, ha remitido las actuaciones a la Fiscalía para que emita informe acerca de la competencia del órgano judicial y la eventual naturaleza penal de los hechos que se relatan en la querella, sin que exista hasta la fecha resolución judicial que disponga la admisión o inadmisión a trámite de la misma.

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El juzgado ha tomado esta decisión tras una querella presentada por la Asociación de Abogados Cristianos contra todos los miembros del Gobierno que gestionaron el inicio de la pandemia (el presidente Pedro Sánchez, los vicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, José Luis Ábalos, Salvador Illa e Irene Montero) junto con Fernando Simón.

No obstante, esta investigación se dirigirá únicamente contra Simón, ya que el resto de los querellados eran aforados en el momento en que se presentó la querella en el Supremo. En diciembre del año pasado, el Alto Tribunal acordó la inadmisión a trámite de 50 querellas y denuncias contra la cúpula del Gobierno.

Esta asociación, presidida por la letrada Polonia Castellanos, culpa al Ejecutivo, entre otras cosas, de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus.

Abogados Cristianos es una asociación civil, fundada en 2008, que defiende en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo.

Está formada por abogados, procuradores, juristas, profesores y estudiantes de derecho que trabajan a favor de la defensa de la vida, la promoción de la familia y la libertad religiosa.